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Los delitos relacionados con la Seguridad Vial van a aumentar un 14% este año con respecto a los castigados en 2013. Pero no es que los conductores vayan a incumplir más con la normativa vigente, sino que las autoridades van a poner todavía más radares y más controles para detectar mejor a los infractores.

La semana pasada el fiscal de Seguridad Vial así lo hacía público, que se van a incrementar los controles y los radares a los conductores. Hay una cosa por encima de todas, y es que los conductores tenemos que cumplir con las normas y es algo que no hacemos. Eso está muy claro y debería ser el punto de partida, pero esta política de persecución al conductor es ya algo exagerada.

Cada año la DGT impone dos millones de sanciones de las que aproximadamente la mitad corresponden a excesos de velocidad detectados por los radares, lo que supone unos ingresos de más de 400 millones de euros. Esta cantidad es muy abultada si se tiene en cuenta que el estado recauda en total 25.000 millones de euros de impuestos del sector del automóvil. Es decir que a poco que suban las multas este año, ya será un 2% de los ingresos que produce la automoción, y subiendo.

Poco a poco el control a los ciudadanos se hace cada vez más intenso y llega un momento que acaba asfixiando. No tiene ningún sentido que cada día un conductor que haga 20 o 30 kilómetros pase por delante de tres, cuatro o cinco radares que controlen de manera automática su velocidad siempre. Esto no pasa en ningún país del mundo.

El “gran hermano” del Estado, ese que controla a los ciudadanos, debe estar para vigilar y en un momento determinado para poder sancionar, pero no tiene ningún sentido que los conductores estén sujetos a esta lotería que supone pasar todos los días por unos cuantos radares porque de vez en cuando, hasta el más cumplidor de los conductores pasa 5 km/h más deprisa. Y ese pequeño error no pueden ser 100 euritos más para las arcas del Estado o las del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo.

En otros países, como Alemania o Estados Unidos, hay muy pocos radares para controlar a los ciudadanos, pero si hay muchas cámaras repartidas por las ciudades y las carreteras con las que en un momento determinado se puede analizar una situación y pillar a un infractor. Pero no están para hacer caja, sino que sirven para demostrar quién ha sido culpable en un accidente, quién ha cometido un delito o qué ha pasado en una circunstancia concreta.

La persona que se salta un semáforo en rojo debe atenerse a las consecuencias, pero esas consecuencias no pueden ser el modo automático de que todo el que pase un semáforo en ámbar pague 200 euros. Y si caen pocos en esa “trampa legal” se reduce al mínimo el tiempo en que está naranja el semáforo para que el negocio funcione mejor. Si no caen bastantes conductores en un radar, se cambia el límite de velocidad por uno más bajo, y a seguir sumando.

Hace un par de meses se puso un nuevo radar fijo en la salida de Madrid por la A1 a la altura de la Urbanización La Moraleja, en una zona de 120 km/h. Ese límite lleva así al menos desde el año 1996, pues bien, solo dos meses después de poner el radar, curiosamente los responsables de Tráfico se han dado cuenta de que es una “zona peligrosa” y que hay que bajar el límite a 100 km/h. Pero ojo, no es que sea peligroso y se pongan cuatro o seis señales para advertir del peligro a los conductores. No, se pone una sola señal, lo más pequeña posible, y a ver cómo evoluciona la recaudación.

Este “gran hermano” de las carreteras me recuerda mucho a otro “gran hermano” que es el de Hacienda. Los responsables de las cuentas del Estado acumulan cada día más datos de los ingresos de todos los ciudadanos, y cuidado con olvidarse de poner en la declaración de la Renta un cobro de una cantidad no prevista o, por ejemplo, de la ayuda del Plan PIVE. Una declaración paralela, multas o retrasos en las devoluciones será lo que nos espera.

Hacienda vigila hasta el último euro de los ciudadanos… normales, de los que tienen una nómina o de los autónomos que tienen unas cuentas limitadas. Pero de repente los españoles nos enteramos que un tal Pujol tiene una empresa de un solo empleado que ha facturado más de 30 millones de euros y nadie se había dado cuenta. O que Bárcenas acumula en Suiza más de 40 millones de euros, o que UGT de Andalucía y los funcionarios de la Junta tienen durante todos estos años unos ingresos atípicos de cientos de millones de euros.

No se puede aceptar que las carreteras sean una fuente de financiación para unas administraciones mal gestionadas, que gastan más de lo que tienen. En Alemania hay muy pocos radares y también muy pocas multas, pero sus conductores están muy bien educados y cumplen con la normativa.

En España se ponen cada vez más radares, y los conductores españoles, cada día más, lo único que hacemos es ir pendientes de los controles de velocidad. Cuando uno circula por una autovía a 120 km/h y de repente se encuentra una señal de 100km/h, la causa de esta limitación en la mayor parte de los casos es que hay un radar a continuación.

Los helicópteros de la DGT podrían ocuparse de buscar conductores peligrosos, esos que se saltan un Stop o adelantan con una raya continua, y posteriormente la Administración hacer todo el seguimiento hasta retirarlos de la circulación. Pero es más rentable ponerse encima de la M40 y hacer una foto a todo el que vaya a 107 km/h en una zona de cuatro carriles con los laterales vallados y con la máxima seguridad.

En España nuestros dirigentes han entendido mal el concepto del “gran hermano” para vigilar a todos los ciudadanos. Aquí solo se vigila a los conductores normales, a los que pasan a 110 km/h en un sitio de 100 km/h y que pagan por ello 100 euritos o a los que se olvidan de poner unos ingresos extra de 500 o 1.000 euros en la declaración de la Renta. Los otros, sea por la razón que sea, están siempre exentos.

http://blogs.elconfidencial.com/motor/automaniacos/2014-08-04/los-conductores-no-somos-pujol_171805/

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